Empresas dedicadas a la rehabilitación de viviendas están "hartas" de que algunos profesionales contratados por comunidades de vecinos les propongan engordar los presupuestos de las reformas del edificio.
"Si quieres llevarte la obra de un portal, hay administradores de fincas que te exigen una comisión de entre el 5% y el 10% del presupuesto. Es insoportable". Es la denuncia realizada a EL CORREO por varias empresas dedicadas a la rehabilitación de viviendas que están "hartas" de que algunos profesionales contratados por comunidades de vecinos para llevarles las cuentas les propongan engordar los presupuestos de las reformas de fachadas, tejados, etc... Y todo para embolsarse un porcentaje en dinero negro; es decir, una cantidad aparte de los honorarios pactados legalmente por la coordinación de la obra.
Los contratistas y técnicos que han destapado las triquiñuelas de la rehabilitación de inmuebles piden permanecer en el anonimato por miedo a quedarse sin trabajo. "Se pueden amañar las ofertas para una reforma", explica un empresario vizcaíno. Los vecinos de un inmueble creen, por ejemplo, que han elegido el presupuesto adecuado, pero a la empresa que lo ha presentado le habían enseñado las demás ofertas y sabía lo que debía poner. Es posible que sus competidores en ese concurso sean de pega y que los presupuestos presentados por todos ellos no sean comparables entre sí. Es posible que esas empresas se muevan en la órbita del administrador de fincas que lo ha organizado todo. Éste lleva muchos edificios -por decenas en algunos casos- y va repartiendo los proyectos de tal o cual portal entre diferentes contratistas. El elegido para cada rehabilitación entrega al administrador una suma bajo cuerda. Y puede que infle precios, rebaje calidades y meta 'demasías' a los vecinos (obras adicionales que aparecen con los andamios ya levantados).
En este escenario surrealista, el Gobierno vasco ha aprobado un decreto que obligará a inspeccionar antes de julio de 2018 unos 90.000 edificios de más de 50 años, en muchos de los cuales residen personas de escasos recursos, no versadas en cuestiones legales, de edad avanzada y que probablemente estarán obligadas a hacer costosas reparaciones. Es un escenario en el que la Administración autonómica gastó 134,2 millones de euros entre 2006 y 2013 para subvencionar proyectos de rehabilitación que abarcaron 136.192 vivendas, con un importe total de 2.486 millones (los fondos públicos sólo financian una parte de las reformas acometidas por los ciudadanos). Y entre 2014 y 2016, el Gobierno vasco invertirá otros 76,1 millones, una suma que también impulsará proyectos por un monto global muy superior.
Un jugoso 'pastel'. Un negocio verdaderamente en alza, ahora que ocho de cada diez licencias municipales son de reforma de edificios y que se han aprobado normativas estatales y autonómicas para supervisar el estado de los inmuebles y mejorar la accesibilidad (ascensores) y la eficiencia energética (que consuman menos calefacción). Se van a crear empleos cuando la construcción está en crisis, pero también decenas de miles de familias tendrán que pedir presupuestos a firmas pequeñas y grandes (algunas constructoras importantes ya están creando divisiones de rehabilitación). Y en no pocas ocasiones la junta de vecinos encargará a su administrador que les informe y que vaya reuniendo ofertas si la inspección obligatoria obliga a arreglar algo.
"Haremos una campaña publicitaria para que los ciudadanos sepan cómo realizar las inspecciones técnicas de edificios", anuncian fuentes de la Viceconsejería de Vivienda. Sin embargo, esas mismas fuentes admiten que, cuando la revisión detecte la necesidad de hacer obras, la Administración no podrá intervenir, pues "la relación entre las comunidades y los contratistas es privada".
Fraude extendido
¿Quién protegerá al ciudadano? Numerosas voces del mundo de la construcción alertan de que el fraude a las comunidades de vecinos está "bastante extendido", gracias en parte al escaso ímpetu con que los propietarios se implican en las obras comunitarias de sus casas y a lo poco que defienden sus derechos, a pesar de hay empresas y técnicos que intentan ponerlos sobre aviso. "El fraude es generalizado y casi podríamos decir que forma parte de una cultura", asevera un arquitecto en ejercicio con décadas de experiencia tanto en la rehabilitación aislada y de barrios como en la edificación de nueva planta. Otro colega con una larga trayectoria comparte esa conclusión y además proporciona detalles sobre las irregularidades. "El contratista cobra la obra en metálico –indica–. A continuación entrega al administrador su comisión; en billetes, para no dejar rastro".
Aún hay más. Se procura que el arquitecto que debe controlar las obras no aparezca hasta después de que los vecinos hayan firmado el contrato con la empresa de rehabilitación, cuando ya hayan aceptado su proyecto y los precios aprobados, bien tras examinar sólo esa oferta, bien en una parodia de concurso. De todos modos, al técnico le queda al menos el control de los trabajos; comprobar si se realiza realmente lo que se ha medido en el papel (los metros de tejado reformado, etc.). Cómo se cumpla ese cometido dependerá de su ética y rigor... y de cuánto necesite el trabajo.
"Algo he oído de esas cosas, pero no conozco ningún caso", afirma Jesús Cañada, presidente del Colegio de Arquitectos Vasconavarro, con 3.400 afiliados. En realidad, no hay nadie en Euskadi al que no le hayan hablado alguna vez de comisiones en la rehabilitación, pero nadie las ha visto. "No tenemos constancia de esas malas prácticas", declara Luis de Prado, presidente del colegio de administradores de fincas de Bizkaia, el más importante de Euskadi con 550 de inscritos –otros 300 profesionales están apuntados en el colegio que agrupa los territorios de Álava y de Gipuzkoa–. "Claro que puede haber casos, como en cualquier profesión, pero no hay que juzgar a todos por igual", continúa De Prado. "En el colegio de Bizkaia tenemos nuestro código deontológico. Recibimos quejas, muchas sin base, pero no nos ha llegado ninguna de ese tipo (cobro de comisiones)".
Las empresas de rehabilitación que han hablado con EL CORREO están de acuerdo con Luis de Prado en que no todos los administradores de fincas exigen ‘mordidas’. Y advierten de que cuando uno de ellos propone a unos albañiles y a un técnico determinados (sea arquitecto o aparejador), eso no significa necesariamente que trate de estafar al portal. "Sencillamente ha elegido a la gente que sabe que es buena y que funciona", subraya un contratista.
Sin embargo, no son pocas las comunidades engañadas. Y mucha gente está sacando tajada de ello. Empresas y técnicos que se prestan a esos enjuagues, "unas veces voluntariamente y otras porque no les queda otra"; aunque la frontera entre lo primero y lo segundo es difusa en tiempos de crisis. "Intentas informar a los vecinos, pero no quieren meterse en líos", se lamenta un contratista hastiado de la situación. El resultado es que, según las fuentes consultadas, buena parte de los proyectos de rehabilitación se cobran hasta un 20% y un 30% más caros de lo razonable. Ese sobreprecio incluye la ‘mordida’ del administrador, pero también otros dos conceptos que son reflejo de un fraude estandarizado. "Otra parte de ese sobreprecio es un dinero que se queda el contratista para compensar el que no se podrá deducir fiscalmente como gasto la comisión que ha tenido que pagar", explica un arquitecto. "Y otra parte más viene de los precios inflados que ha cobrado a los vecinos, una posibilidad que se le ha presentado porque le dieron la obra sin competir realmente con nadie".
Así sale el 30% de más en el importe del presupuesto. Todos han oído hablar de ello, pero nadie sabe nada.
